Autonomía médica Vs. Ley Estatutaría



Néstor Álvarez Lara es Defensor del Derecho a la Salud desde 2006. Presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo de la Nueva EPS y vocero del colectivo Pacientes de Alto Costo.
@programaiss

Si no conocemos la ley estatutaria de salud (Ley 1751 de febrero de 2015) y su sentencia de la Corte Constitucional C-313, el gobierno y las EPS la aplicarán e interpretarán para favorecer al gobierno y no al ciudadano.

Por eso recomiendo hacer el ejercicio en el transcurso del año y estar enterado, porque  en cualquier momento tenemos que usar el sistema de salud y pueden violar nuestro derecho, argumentando esta ley u otras que ya no tiene validez.

En esta oportunidad, quiero referirme a la autonomía médica. Este tema es de mucha importancia, debido a que en la fase de enfermedad de nuestra vida recurrimos al médico para buscar soluciones y sus decisiones autónomas deberán ayudar a superar la enfermedad, dentro de los alcances que la ciencia dispone en el país.

La queja generalizada en nuestro sistema de salud es la baja calidad de la consulta médica, la falta de humanización de ésta, en gran parte, por la falta de tiempo para atención de la persona, pues el médico debe tramitar todo lo administrativo, preguntar al paciente, diagnosticar y, si es el caso, formular.

Aunque la norma dice que el tiempo de consulta es de 20 minutos (Resolución 5261 de 1994, artículo 97), generalmente las consultas se programan cada 15 minutos, como se puede verificar en los listados de citas de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).

La calidad también se ve afectada por la mala formación de algunos médicos, condiciones laborales que no motivan a hacer su trabajo bien, no hay interés de retener al paciente por buena atención, pues debido a la inestabilidad laboral y salarios bajos los médicos rotan mucho de IPS, lo que significa que no se le conoce por su trayectoria médica, como en los tiempos pasados. Todo esto, como resultado de la implementación de la Ley 100.

Como vemos, la autonomía se ve afectada por estos factores al igual que por la limitación que imponen algunas IPS de atención primaria, donde está capitada la atención del paciente, lo que significa que el médico no puede formular algunos exámenes o medicamentos, bajo amenaza de quedar sin trabajo o no renovar su contrato cuando se venza.

Esta autonomía recobra valor con la ley estatutaria, como se menciona en el artículo 17:

Artículo 17. Autonomía profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad la evidencia científica.

Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente.

La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias.

Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores; empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o equipos médicos o similares.

La responsabilidad del médico y su ética jugará un papel importante para que los pacientes nos beneficiemos de esta autonomía médica, con calidad y responsabilidad del gasto en salud.

Seremos responsables de denunciar todo aquello que vaya en contra de ésta, como por ejemplo que la IPS no permitan formular un determinado examen o medicamento, que el médico le recomienda con un cupón ir a comprar en un sitio especial, etc.

Un sector del cuerpo médico, en cabeza de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (A.C.S.C.)  -agremiación que reúne a gran parte de los especialistas del país-, se convierte en un veedor de la implementación de la Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015 e inició abanderando el tema de la autonomía médica, mediante un comunicado que mencionaba:

Por las razones que a continuación se enumeran, NO se requiere ni se debe solicitar autorización a los Comités Técnico Científicos (CTC) de las EPS, ni el diligenciamiento de formatos NO POS, para la dispensación de tratamientos y/o medicamentos que no se encuentren expresamente incluidos en el Plan de Beneficios.

Este llamado es para que los médicos no vuelvan a hacer los formatos de medicamentos NO POS o llamados CTC (Comité Técnico Científico), lo que generó una respuesta inmediata del Ministro de Salud, quien precisó que estos CTC siguen vigentes hasta febrero de 2017, como se establece en el artículo 15 de la ley.

En el medio de esta discusión se encuentra el paciente, quien en últimas sufre las consecuencias, porque después de una lucha de años para que el médico hiciera un CTC, cuando formulara un NO POS, no fue fácil y muchos pacientes asumieron estas consecuencias por la demora de acceso al medicamento o ayuda diagnóstica. Esta nueva orden nos volvía a poner en alerta. Pero… ¿quien tiene la razón desde nuestro punto de vista de pacientes?

Tenemos la certeza de que lo que plantea la  A.C.S.C. es totalmente cierto. El artículo 17 de la ley 1751 (autonomía médica) está vigente desde el día de la sanción de la ley, en febrero 16 de 2015.

Entonces, consideramos que el llamado debió ser primero al gobierno de eliminar el concepto de ser aprobado un CTC para acceso a un medicamento, ayuda diagnóstica o procedimiento médico, lo cual si es claro que no respeta la autonomía médica, ya que al día de hoy el CTC opera con la participación de EPS-IPS-usuarios, donde se cuestiona la decisión médica y se aprueba o niega de acuerdo a una normatividad.

Hubiese sido mucho más fácil haber solicitado una modificación del funcionamiento del CTC, donde quede claro que todo se aprueba (que significa respetar la autonomía médica) y sólo quedando como mecanismo administrativo para pagar lo que está por fuera del valor de la UPC, mientras se llega al plazo que puso la ley para tener un listado negativo, o sea donde queda claro que no cubre el sistema de salud y todo lo que no esté ahí debe ser cubierto por este.

El gobierno debe entrar a resolver este tema, de manera casi inmediata, para ser respetuoso de la ley estatutaria y por defecto de la autonomía médica, para lo cual los ciudadanos debemos empezar a exigir al gobierno esta solución y respaldar de esta manera la iniciativa de la A.C.S.C. y, por ende, el cumplimiento de la ley estatutaria.

Si no lo hacemos, estaremos condenados a que ésta quede en el papel y el gobierno la implemente como quiera y cuando quiera.

Es importante estar pendiente de cómo el ministerio soluciona esta legítima exigencia de los médicos y de nosotros los pacientes y ciudadanos, si… para que el único beneficiado sea el ciudadano enfermo.