El problema mundial de los medicamentos: su costo

En el mundo, 2 mil millones de personas no tienen acceso a medicamentos.

La falta de acceso a medicamentos genera 10.5 millones de muertes a nivel mundial cada año.

 Francisco Rossi, Director de la Fundación IFARMA

Francisco Rossi, Director de la Fundación IFARMA

Bogotá, IFARMA.- “Uno de los mensajes que se quiere hacer llegar a los médicos es que la prescripción también un tema de derechos humanos”. Así lo afirmó Francisco Rossi Buenaventura, Director de la Fundación IFARMA, durante la instalación del foro “Acceso a medicamentos, Propiedad Intelectual y Bioética” que se realizó el pasado 10 de agosto en la Universidad Javeriana de Bogotá.

El evento fue organizado por la iniciativa Médicos Sin Marca, el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana y la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos, y en éste participaron Acción Internacional para la Salud-Perú (AIS-Perú), Grupo Efecto Positivo (GEP) de Argentina, la Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) de Brasil y la fundación IFARMA de Colombia.

La experiencia colombiana en gestión social frente al acceso a los medicamentos,, la judicialización del acceso a los medicamentos, los derechos de los pacientes y los conflictos de intereses al momento de hacer la prescripción médica, fueron algunos de los temas que se abordaron en el foro.

La experiencia colombiana

La incidencia de la sociedad civil para lograr bajar el precio de un medicamento requerido para el tratamiento del VIH y las acciones que actualmente se adelantan a través de la campaña Regálate Un Minuto para mejorar el acceso al tratamiento de la Hepatitis C, fueron algunas de las experiencias colombianas que la fundación IFARMA, compartió en el foro.

El equipo humano de IFARMA compartió información sobre el proceso social que la sociedad civil colombiana adelantó en 2008 para la solicitud de licencia obligatoria para Kaletra® (lopinavir/ritonavir), medicamento utilizado para el tratamiento del VIH, gestión a través de la cual se logró reducir el costo en un 90%.

Asimismo, informó sobre la solicitud de licencia obligatoria para el imatinib, medicamento requerido en el tratamiento de la leucemia y como resultado de la declaratoria de interés público se obtuvo una reducción significativa de su costo para el sistema de salud.

La judicialización del acceso a medicamentos

El foro también abordó el aspecto de los derechos humanos y el acceso a medicamentos, desde distintos aspectos.

Claudia Vargas Peláez compartió los resultados de un estudio comparativo sobre la judicialización del acceso a medicamentos en América Latina.

¿Cuáles son las causas y consecuencias del acceso a medicamentos a través de acciones judiciales en Colombia, Brasil, Argentina y Chile? Esta fue la pregunta que abrió su intervención.

El estudio se realizó desde dos perspectivas: 1) el medicamento como bien social; 2) el medicamento como producto de mercado. El concepto eje de la investigación fue comprender el medicamento como una necesidad en salud.

Vargas Peláez señaló que los procesos de judicialización han promovido el reconocimiento del derecho a la salud y que el estudio identificó como causas que motivan la judicialización en temas de salud:

  • El marketing farmacéutico.
  • Las políticas de Propiedad Intelectual.
  • La organización de los sistemas de salud.
  • La sensibilidad el sistema judicial frente a las problemáticas de salud.

Algunas de las consecuencias que muestra el estudio comparativo son:

  • Cambio en la percepción del derecho a la salud como derecho fundamental.
  • Cambios en las políticas de control de precios.

La investigadora precisó que a través del estudio se logró identificar que hay desconocimiento de la influencia de los actores relacionados con la Propiedad Intelectual.

También hay falta de legitimidad generalizada en los sistemas de salud, así como en la práctica de prescripción de los médicos.

La problemática en cifras

Germán Holguín Zamorano compartió cifras que ilustran la magnitud del problema a nivel mundial y regional, datos que en 2016 se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Holguín Zamorano señaló que la falta de acceso a medicamentos afecta a más de 2 mil millones de personas en el mundo, situación que se traduce en 10,5 millones de muertes al año. En América Latina 125 millones de personas no tienen acceso permanente a servicios básicos de salud y cada año se registran 700 mil muertes evitables.

Respecto del costo de los medicamentos requeridos para el tratamiento de la Hepatitis C en Colombia, precisó que éstos tienen un costo de $114,3 millones de pesos por paciente (USD$38.100 aprox).

Los derechos del paciente y los conflictos de intereses en la prescripción médica.

Este fue el tema que abordó Nelson Castañeda, quien integra el equipo de trabajo del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana.

El galeno ilustró su intervención con dos casos:

  1. Un médico recomienda a su paciente realizar determinada prueba o tratamiento en una clínica de su propiedad o dónde el profesional tiene intereses económicos.
  2. Un médico recomienda a su paciente medicamentos de empresas farmacéuticas que pagan sus vacaciones, viajes o cursos.

Luego de preguntar al auditorio si estas situaciones reflejan casos de corrupción, señaló que los profesionales de la salud no ven estas acciones como tal.

Agregó que al indagar si la prescripción se ve influenciada por la relación con la industria farmacéutica, la respuesta general es no.

Castañeda explicó que desde el gremio de los profesionales de la salud hay una percepción de omisión frente a este tipo de actos  y, aunque se trata de la vida de personas, no son tipificados por la ley como delito.

Dijo que en la práctica clínica se produce un conflicto de intereses cuando la atención se ve influenciada por un interés secundario al profesional y que la presencia de un conflicto de intereses supone un riesgo para la relación de confianza y la salud del paciente, lo cual genera unas consecuencias que deberían ser asumidas por el profesional que le atendió.

Señaló que frente a estos conflictos de intereses, se pueden identificar:

  1. Cuáles fueron las acciones y omisiones en que incurrió el profesional.
  2. Describir los tipos de daños generados.
  3. Demostrar nexos de causalidad entre las acciones y omisiones con los daños.
  4. Generar unos factores de atribución y culpa.

Al cierre de su intervención, Castañeda preguntó ¿Por qué estos conflictos de intereses que se generan en la relación del profesional de la salud con la industria no han sido valorados desde el ámbito de la responsabilidad civil para que se pueda resarcir las consecuencias del daño en los pacientes?

Agregó que es necesario comenzar a resarcir el daño que los pacientes han venido acumulando e hizo un llamado para iniciar el diálogo sobre este aspecto de la atención en salud.

Causas del problema de acceso a medicamentos

Durante el foro, distintos expositores compartieron las causas que generan barreras de acceso a los medicamentos, desde sus propias perspectivas:

  • Falta de investigación y desarrollo en salud, motivada por la aspiración a conseguir una patente.
  • Altos precios de los medicamentos.
  • Bloqueo del acceso a medicamentos genéricos.
  • Inseguridad jurídica.
  • Intereses particulares.
  • Influencia de la industria farmacéutica en grupos de pacientes.
  • Presión a través de las autoridades de gobierno.
  • Publicidad engañosa.

También se compartieron las posibles soluciones:

  • Buscar incentivos a la innovación, desligado de las patentes.
  • Abolir las patentes farmacéuticas.
  • Utilizar las salvaguardas de salud pública, tales como las licencias obligatorias y la anuencia previa.
  • Promover la calificación jurídica del bloqueo a los medicamentos genéricos como un crimen de lesa humanidad.