Por fallas en gestión del Fondo Nacional de Salud para la Población Carcelaria, Defensoría del Pueblo pide explicaciones

  • En la cárcel de Popayán desde hace más de tres meses no retiran los residuos hospitalarios.

  • En Tuluá y Bogotá, los reclusos que viven con VIH no reciben medicamentos.

  • Cárceles de Quibdó y Villavicencio no tienen insumos médicos.

Bogotá, Defensoría del Pueblo.- Frente a los inconvenientes que se registran en el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, la Defensoría del Pueblo solicitó explicaciones sobre la situación que afecta los derechos de 122 mil personas recluidas en 137 establecimientos carcelarios de Colombia.

El pronunciamiento se origina en lo que se encontró durante recientes visitas a cárceles de Bogotá, Villavicencio, Tuluá, Quibdó, Cúcuta y Popayán, y comunicaciones recibidas de la Defensoría Delegada para la Política Criminal.

En la cárcel San Isidro (Popayán) desde hace más de tres meses los residuos hospitalarios no son retirados del centro penitenciario, situación que representa un riesgo para los reclusos y para quienes trabajan allí por su progresiva descomposición.

La visita permitió establecer que de los 16 reclusos diagnosticados con VIH, solo 4 recibieron medicamentos recientemente. Las otras personas llevan varios meses sin recibir tratamiento.

En la cárcel de Tuluá  y La Modelo de Bogotá, la Defensoría encontró las 40 y 10 personas que viven con VIH, respectivamente, no reciben medicamentos desde el pasado mes de enero, situación que también afecta a los reclusos que viven con otras patologías crónicas, tales como hipertensión y diabetes.

Las cárceles de Villavicencio y Quibdó no tienen insumos médicos, la asistencia de la red externa de operadores es nula o precaria y los profesionales contratados por el Fondo a través de Fiduprevisora y Fiduagraria ya no prestan sus servicios debido al incumplimiento en el pago de los honorarios. Esto mismo ocurre en Cúcuta, donde el represamiento de procedimientos especializados se acerca a los 500 casos. 

La Defensoría requirió al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, para que le informe al país si está en capacidad o no de asegurar en el corto plazo los servicios mínimos que demanda esta situación, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que contrate cuanto antes la auditoría respecto a las obligaciones del consorcio fiduciario y entre tanto ejerza directamente en el plano de sus competencias la verificación respectiva.